Ley Organica De La Oficina Del Procurador Del Paciente Beneficiario De La Reforma De Salud

Publicado: junio 20, 2011 en Leyes

Ley Núm. 11 del año 2001


(P.
del S. 78), 2001, ley 11

(Conferencia)

Para crear la Oficina y el cargo de Procurador del Paciente
Beneficiario de la Reforma de Salud: Vea Ley 194 de
2000.

LEY NUM. 11 DE 11 DE ABRIL DE
2001

Para crear la Oficina y el cargo de Procurador del Paciente
Beneficiario de la Reforma de Salud con la misión de hacer cumplir los preceptos
contenidos en la “Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente”,
específicamente relacionados a los pacientes beneficiarios de la Reforma de
Salud, establecidos mediante la Ley Núm. 194 de 25 de agosto de 2000; establecer
sus funciones, poderes y deberes y para asignar fondos para sufragar los costos
iniciales de la organización y establecimiento de la Oficina
.

EXPOSICION DE MOTIVOS

 

La Constitución del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico ha delegado en el Departamento de Salud la importante función de
velar por la salud de nuestro pueblo. El rol asignado al Departamento por la
intención de los forjadores de nuestra Constitución imponía sobre éste los
deberes de fiscalizador, reglamentador y proveedor de servicios de salud.  Sin embargo,
la implantación de la Reforma de Salud del Gobierno del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, comenzada desde 1993, ha transformado la forma en que
la población beneficiaria de dicha Reforma accesa y recibe los servicios de
salud.  Antes de la Reforma, el Estado
era el proveedor de los servicios de salud para gran parte de la población del
país.  Actualmente, el Gobierno ha
delegado esta función en la empresa privada
a través de las Entidades Aseguradoras, las cuales asumen un riesgo en
forma contractual a cambio del pago de una prima mensual por individuos o por
familias participantes.  Dichas
Aseguradoras contratan a su vez a proveedores de servicios de salud privados
mediante un pago por persona o “per-capita”.
Así tenemos la situación de múltiples pueblos de nuestro país en los
cuales no se ofrece actualmente los Servicios de Emergencias Médicas las
veinticuatro (24)  horas del día.  Al
cambiar su rol tradicional como proveedor de servicios de salud, el
Gobierno determinó, además, enajenar o vender sus facilidades de servicios de
salud, con resultados adversos al beneficiario de la Reforma de Salud.  Sin embargo, con la aprobación de la Ley 72
de 7 de septiembre de 1993, el Gobierno delegó en la Administración de Seguros
de Salud la responsabilidad de implantar, administrar y negociar un sistema de
seguros de salud para los beneficiarios de la Reforma.

 

El acuerdo económico entre
las aseguradoras contratadas por la Reforma de Salud y los proveedores primarios
de servicios médicos está basado en un pago fijo mensual por persona (per
capita),  independientemente  de la variedad, frecuencia, cantidad y
calidad de los servicios prestados.
Mediante este acuerdo el proveedor primario asume el riesgo del costo de
los servicios que brinda.  Este nuevo
esquema de prestación de servicios de salud ha sido un aprendizaje para todos y
cada uno de los componentes del mismo. Por una parte el Departamento de Salud ha
cambiado su rol de proveer servicios para convertirse en fiscalizador y guardián
de la salud del pueblo de Puerto Rico. Por otro lado, mediante la Ley 72 de 7 de
septiembre de 1993 se creó la Administración de Seguros de Salud para atender la
contratación con las Aseguradoras y la relación de éstas con los proveedores y
los beneficiarios. En la misma línea se encuentran los proveedores primarios que
nunca antes habían asumido el riesgo de la utilización de los servicios y por
primera vez se podrían encontrar en la disyuntiva de crear un balance entre el
bienestar y la salud del paciente y la remuneración que llevará a su
hogar para mantener a su familia. Por último, el paciente servido requiere
educación sobre sus deberes y responsabilidades para asegurar que los recursos
se utilicen de manera juiciosa y ponderada. Hasta este momento, el Departamento
de Salud, la Administración de Seguros de Salud y el Comisionado de Seguros han
ejercido aquellas funciones que el Procurador velará y coordinará para su cabal
cumplimiento luego de la aprobación de esta Ley.

 

Los cambios drásticos y
acelerados en la prestación de servicios de salud que surgen a partir de la
implantación de la Reforma de Salud han creado múltiples polémicas entre
pacientes, proveedores de servicios de salud, aseguradoras y formuladores de
política pública. Críticas al modelo de cuidado bajo la Reforma, la evaluación
de los servicios, las auditorías y la disposición de las facilidades públicas
han resaltado áreas débiles en el modelo de salud vigente.

 

Ha sido una queja constante
el que el actual sistema de fiscalización, fragmentado entre las tres agencias
gubernamentales, no ha tenido éxito ni ha llenado las expectativas de los
beneficiarios y los proveedores de servicios, incumpliendo así su
responsabilidad ministerial. Es evidente que se requiere atención especial.

 

La experiencia bajo este
nuevo modelo hace indispensable la creación de una fuerza motora que coordine,
facilite, fiscalice y eduque a todas las partes envueltas en el funcionamiento
del esquema establecido. Esta Ley tiene como propósito crear el cargo  del Procurador del Paciente Beneficiario de
la Reforma de Salud.  Este funcionario
tendrá la responsabilidad  de velar por
los derechos de los pacientes que reciben los servicios de salud contratados por
el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, consignados en la Ley Núm.
194 de 25 de agosto de 2000, mejor conocida como “Carta de Derechos y
Responsabilidades del Paciente”. Tendrá las facultades necesarias para hacer
valer esos derechos y establecerá mecanismos para la tramitación y solución de
las querellas que se  presenten. Es
fundamental que se establezca una relación estrecha de cooperación e interacción
entre el Procurador creado por virtud de esta Ley, el Departamento de Salud y la
Administración de Seguros de Salud, de manera que se asegure la atención eficaz
de las querellas bajo su jurisdicción y la canalización de aquéllas que son de
la jurisdicción de otras entidades .

 

Esta Oficina comenzará
implementando la Carta de Derechos en torno a los pacientes beneficiarios de la
Reforma de Salud inicialmente, dejando al Departamento de Salud la
responsabilidad del resto de la población.
Sin embargo, es la intención que se evalue la trayectoria de esta Oficina
para examinar la posibilidad de extender su jurisdicción a la totalidad de la
población.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO
RICO:

 

Artículo 1.-  Esta Ley se conocerá como
“Ley Orgánica de la Oficina del Procurador del Paciente Beneficiario de la
Reforma de Salud”.

 

Artículo 2.- Definiciones:

 

(a)
“Asegurador”: significará cualquier persona o entidad que asume un
riesgo en forma contractual en consideración o a cambio del pago de una prima,
debidamente autorizada por el Comisionado de Seguros para hacer negocios como
tal en Puerto Rico.

 

(b)   “Comisionado”: se refiere al
Comisionado de Seguros de Puerto Rico.

 

(c)
“Departamento”: significará el Departamento de Salud del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico.

 

(d)   “Entidad Aseguradora”: se
refiere a una organización de servicios de salud autorizada de conformidad con
el Capítulo XIX del Código de Seguros de Puerto Rico, o un asegurador
autorizado a contratar seguros de los definidos en el Artículo 4.030 de dicho
Código, al igual que cualquier sociedad o asociación de socorros o auxilios
mutuos de fines no pecuniarios fundada en Puerto Rico con anterioridad al 11 de
abril de 1899.

 

(e)
“Facilidades de Salud o Médico-hospitalarias”: significará aquellas
facilidades identificadas y definidas como tales en la Ley Núm. 101 de 26 de
junio de 1965, según enmendada, conocida como “Ley de Facilidades de Puerto
Rico”, o lo dispuesto en cualquier legislación futura sobre dicha
materia.

 

(f)
“Paciente”: se refiere a todo suscriptor beneficiario de la Reforma
de Salud.

 

(g)
“Prima”:
significará la remuneración que se le paga a un asegurador por asumir un riesgo
mediante contrato de seguro.

 

(h)
“Procurador”: significará Procurador de Pacientes Beneficiarios de
la Reforma de Salud.

 

(i) “Proveedor”: significará
cualquier persona o entidad autorizada por las leyes de Puerto Rico a  prestar o proveer servicios de cuidado de
salud médico-hospitalarios en el Estado Libre Asociado de Puerto
Rico.

 

(j)   “Secretario”: significará el Secretario del
Departamento de Salud de Puerto Rico.

 

Artículo 3.- Se crea la Oficina del Procurador del Paciente Beneficiario de la
Reforma de Salud adscrita  a la Oficina
del Gobernador de Puerto Rico, en lo adelante la Oficina, con la responsabilidad
de  garantizarle a los pacientes
beneficiarios de la Reforma de Salud el
cumplimiento  de la Carta de
Derechos y Responsabilidades del Paciente establecida mediante la Ley  Núm. 194 de 25 de agosto de 2000  y de coordinar, atender y solucionar los
problemas, necesidades y reclamos de
dichos pacientes asegurados, usuarios y consumidores de servicios de
salud médico-hospitalarios en Puerto Rico.
A fin de cumplir estos  propósitos
la Oficina velará por el cumplimiento de los siguientes derechos y obligaciones
según se explican en la Ley 194 del 25 de agosto de 2000:

 

(a)
Derecho
a una alta calidad de servicio de salud.

(b)
Derecho
a la obtención y divulgación de información.

(c)
Derecho
en cuanto a la selección de planes
y
proveedores.

(d)
Derecho
a la continuación de servicios de cuidado de salud.

(e)
Derecho
al acceso a servicio y facilidades de emergencia.

(f)
Derecho
a la participación  en la  toma de decisiones sobre
tratamiento.

(g)
Derecho
a la confidencialidad de la información y los expedientes

médicos.

(h)
Derecho
al respeto y trato igual.

(i)
Derecho
en cuanto a quejas y agravios

(j)         Deberes y responsabilidades de los
pacientes  beneficiarios de la Reforma
de  Salud a la utilización responsable de
los servicios de salud.

 

Artículo
4.-
  A fin de cumplir con lo
dispuesto en esta  Ley,  la Oficina del Procurador del Paciente
Beneficiario de la Reforma de Salud tendrá los siguientes deberes y
funciones:

 

(a)
Garantizar la accesibilidad del cuidado
médico.

 

(b)
Servir
de facilitador para que el servicio médico llegue a cada paciente beneficiario
de la Reforma de Salud de una forma más eficiente.

 

(c)
Velar
que el servicio médico ofrecido sea de calidad y esté basado en las necesidades
del paciente, así como  garantizar
que  se brinde de una  forma digna, justa y con respeto por la vida
humana.

 

(d)
Identificar las vías más adecuadas para atender de una forma
responsable y ágil, conforme al reglamento dispuesto en el Artículo 10 de esta
Ley, los problemas y querellas  de los
pacientes beneficiarios de la Reforma de Salud. Todas estas funciones estarán
enlazadas y comprometidas a realizarse dentro de un plan que garantice el uso
responsable de los servicios de salud, tanto de parte del paciente, como de
todos los proveedores de servicios y  las
compañías aseguradoras.

 

Artículo 5.-  Se crea  el cargo de Procurador del Paciente
Beneficiario de la Reforma de Salud, en adelante denominado Procurador, quien
será nombrado por el  Gobernador,  con el consejo y consentimiento del Senado y
quien  le fijará el sueldo o remuneración
de acuerdo a las normas acostumbradas en el Gobierno del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico, para cargos de igual o similar naturaleza.  El Procurador desempeñará el cargo a voluntad
del Gobernador quien establecerá las condiciones y restricciones del cargo que
propicien el reclutamiento y retención del profesional más idóneo. Deberá
ser  un médico licenciado para la
práctica de la medicina en Puerto Rico con una visión salubrista,
preferiblemente con entrenamiento formal en Salud Pública. Además, será una
persona de probidad moral y conocimiento de los asuntos relacionados con
los  servicios de salud que reciben los
pacientes. Dicho profesional no atenderá pacientes beneficiarios de la Reforma
de Salud cobijados en esta Ley  y
ejercerá su cargo a tiempo completo.

 

El Procurador, por su
condición de médico de profesión deberá mantener su licencia vigente y sus
conocimientos académicos y profesionales actualizados disponiendo de tiempo para
educación médica continuada, actividades académicas, investigaciones médicas y
clínicas que no estén relacionadas con las funciones y deberes que le encomienda
esta ley.

 

Además de la responsabilidad
de cumplir con las funciones que le impone esta ley, se confieren al Procurador
las siguientes facultades y deberes:

 

(1)   Mantener actualizado los
postulados de la Carta de Derechos del Paciente en relación a los pacientes
beneficiarios de la Reforma de Salud, mediante enmiendas que  someterá como proyectos de ley a la
Legislatura, de manera que siempre responda a las necesidades de  éstos.

 

(2)        Establecer  comunicación con los grupos médicos,
proveedores de servicios y aseguradoras para mejorar y agilizar el acceso a los
servicios de salud.

 

(3)        Establecer oficinas y nombrar al  personal necesario que esté en contacto
directo con los centros de cuidado
médico en toda la Isla para conocer los problemas, recibir las querellas
de los pacientes y facilitar la calidad y el rápido acceso a los
servicios.

 

(4)
Orientar
e informar al  paciente de los derechos y
responsabilidades que le impone la Carta de Derechos del Paciente y asegurar el
compromiso del uso responsable de los servicios de salud y de las facilidades
médico-hospitalarias.

 

(5)
Identificar el personal del Departamento de Salud  y la Administración de Seguros de Salud
cualificado para colaborar en el cumplimiento de las encomiendas de la        Oficina y evaluar sus funciones con el
propósito de seleccionar aquellos recursos que sean necesarios para cumplir con
los propósitos de esta ley de manera que puedan transferirse a la Oficina  mediante asignación, cesión, traslado o
destaque.

 

(6)
Promover
y colaborar en la obtención de fondos y otros recursos provenientes de otras
agencias estatales, de gobiernos y entidades municipales, del Gobierno Federal,
así como del sector privado para el diseño, implantación de proyectos y
programas a ser ejecutados por la Oficina que por esta ley se crea, por las
organizaciones no gubernamentales de salud, por la sociedad civil u otras
entidades gubernamentales.

 

(7)
Solicitar y recibir la cooperación y colaboración del Departamento
de Salud, de la Administración de Seguros de Salud y de cualquiera otra entidad
pública o privada relacionada con la prestación de servicios a los pacientes o
con cualquier otra agencia que tenga que ver con la evaluación de la calidad de
estos servicios y trámite de quejas y querellas de los pacientes, ya fuere
mediante la donación, cesión o destaque de recursos fiscales, de personal,
informes, expedientes, datos, equipo o cualquier otro recurso o propiedad que
sean necesarios para los fines de esta Ley.

 

Artículo 6.- El Procurador será
responsable de la organización y funcionamiento de la Oficina, para lo
cual  tendrá, las siguientes facultades y
deberes:

 

(a)
Determinar la organización interna de la Oficina y establecer los
sistemas que sea menester para su adecuado
funcionamiento y operación, así como llevar a cabo las  acciones administrativas y gerenciales
necesarias para la implantación de esta Ley y de cualesquiera otras leyes
locales o federales y de los reglamentos adoptados en virtud de las
mismas.

 

(b)   Nombrar el personal que
fuere necesario para llevar a cabo los propósitos de esta Ley, el cual estará
comprendido dentro del Sistema de Mérito y podrá acogerse a los beneficios del
Sistema de Retiro de los Empleados Públicos. A esos fines se dispone que a la
Oficina del Procurador le cobijarán la Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975,
según enmendada, conocida como la “Ley de Personal de Servicio Público de Puerto
Rico”. Podrá contratar los servicios técnicos y profesionales que entendiere
necesarios para llevar a cabo los propósitos de esta Ley, con sujeción a las
normas y reglamentos del Departamento de Hacienda y obtener el traslado o cesión
del personal que labore en otras dependencias gubernamentales. Asimismo, le
aplicará la Ley de Compras del Gobierno, administrada por la Administración de
Servicios Generales (ASG), la Ley de Contabilidad Central administrada por el
Departamento de Hacienda, y la Ley de la Oficina de Gerencia y Presupuesto para
efectos de someter el presupuesto anual de gastos de
funcionamiento.

 

(c)
Delegar
en cualquier funcionario que al efecto designe cualesquiera de las funciones,
deberes y responsabilidades que le confiere esta Ley o cualesquiera otras Leyes
bajo su administración o jurisdicción, excepto la facultad de nombrar, o
despedir personal. Tampoco podrá delegar la aprobación de
reglamentación.

 

(d)   Adquirir, con sujeción a las
disposiciones aplicables los materiales, suministros, equipo y propiedad
necesarios para el funcionamiento de la Oficina y para llevar a cabo los
propósitos de esta Ley.

 

(e)
Preparar
y administrar el presupuesto de la Oficina y los fondos que en virtud de
cualesquiera Leyes locales o federales o de cualquier otra fuente le sean
asignados o se le encomiende administrar. Deberá establecer un sistema de
contabilidad basado en las disposiciones de Ley que rigen la contabilización,
administración y desembolso de fondos públicos.

 

(f)
Rendir,
no más tarde del 31 enero de cada año, al Gobernador  del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y a
la Asamblea Legislativa, un informe completo y detallado sobre las actividades
de la Oficina, sus logros, programas, asuntos atendidos, querellas presentadas,
procesadas, los fondos de distintas fuentes asignados o administrados por la
Oficina durante el año a que corresponda dicho informe, los desembolsos
efectuados y los fondos sobrantes, si alguno.
Dicho informe también será rendido antes del 31 de diciembre, en aquel
año en el cual se celebren elecciones generales en la
Isla.

 

(g)
Procesar
querellas presentadas por los pacientes, sus padres o tutores, relacionadas con
las entidades privadas y agencias públicas que son proveedores y que prestan
servicios de salud, así como contra las entidades aseguradoras a quienes se les
ha pagado la prima correspondiente a dichos pacientes. Aquellos   casos que se refieran a querellas contra
médicos en el ejercicio de su profesión, el Procurador referirá las mismas al
Tribunal Examinador de Médicos.

 

(h)
Solicitar informes sobre quejas y querellas tanto de las
aseguradoras como de la Administración de Seguros de Salud para identificar
posibles patrones de infracción a los derechos de los
pacientes.

 

(i)
Celebrar
vistas administrativas e inspecciones oculares conforme a la Ley de
Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico.  Las vistas ante el Procurador
serán públicas, pero podrán ser privadas cuando por razón del interés público
así se justifique.

 

(j)
Tomar
juramento y declaraciones por sí o por sus representantes
autorizados.

 

(k)   Inspeccionar instalaciones
físicas de las agencias públicas o entidades privadas y entidades aseguradoras
sujeto a las disposiciones de esta Ley y otras Leyes bajo su administración y
jurisdicción, que sean pertinentes a una investigación o querella ante su
consideración. La información obtenida en el transcurso de la investigación
estará sujeta a todas las garantías de confidencialidad y protecciones
constitucionales sin perjudicar el derecho a la intimidad de los pacientes y
proveedores, así como tomando en consideración la naturaleza de los expedientes
médicos y la importancia de que los mismos se mantengan confidenciales y libres
de divulgación alguna. Los proveedores de servicios de salud no tendrán la
obligación de suministrar documentos o información que sea privilegiada por
disposición de otras Leyes del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico.

 

(l)
Emitir
órdenes para la comparecencia y declaración de testigos, requerir la
presentación o reproducción de cualesquiera papeles, libros, documentos,
expedientes u otra evidencia pertinente a una investigación o querella ante su
consideración. La información obtenida en el transcurso de la investigación
estará sujeta a todas las garantías de confidencialidad y protecciones
constitucionales sin perjudicar el derecho a la intimidad de los pacientes y
proveedores, así como tomando en consideración la naturaleza de los expedientes
médicos y la importancia de que los mismos se mantengan confidenciales y libres
de divulgación alguna.  Los proveedores
de servicio de salud no tendrán la obligación de suministrar documentos o
información que sea privilegiada por disposición de otras Leyes del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico.  En el caso que
se trate de un expediente médico, el paciente que presente la querella
gestionará la disponibilidad del mismo.

 

(m)  Interponer cualquier recurso
o remedio legal por y en representación de las personas  beneficiarias de la Reforma de Salud del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico que para beneficio y protección de las
mismas contemplan las leyes estatales o federales, contra cualquier agencia
pública o entidad privada y entidad aseguradora para defender, proteger y
salvaguardar los intereses, derechos y prerrogativas de estas
personas.

(n)
Mantener comunicación
de forma continua, cooperar e interactuar con el Departamento de Salud,  la Administración de Seguros  de Salud, el Comisionado de Seguros, la
Administración de Servicios Médicos, y los Gobiernos Municipales según sea
necesario de manera que se asegure el que se atienda las querellas bajo su
jurisdicción. En caso de que el querellante no sea beneficiario de la Reforma de
Salud, canalizará aquellas querellas que sean de la jurisdicción de otras
entidades y vigilará por su resolución en cumplimiento con lo dispuesto en la
Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente, la Constitución del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico y cualesquiera otras leyes
aplicables.

 

(o)
Los deberes y obligaciones de los Aseguradores, Facilidades Médico
Hospitalarias y Proveedores, según se definen dichos términos en esta Ley, así
como los derechos de los Pacientes, cuyo incumplimiento o violación,
respectivamente, daría base a la presentación de una querella o investigación al
amparo de las disposiciones de esta Ley,
serán  detallados expresamente en
el/los Reglamentos (s) que se le ordenan aprobar al Procurador, conforme a lo
dispuesto en el Art. 10 de esta Ley.

Artículo 7.-  Toda querella promovida al
amparo de las disposiciones de esta Ley, se tramitará en la forma que por
reglamento se disponga, debiendo el Procurador notificar al querellante su
decisión de investigar los hechos denunciados en una querella no más tarde de
los quince (15) días siguientes a la fecha en que la misma se haya
radicado.  También deberá notificarle,
dentro de dicho término y cuando así proceda, su decisión de no investigar la
querella en cuestión expresando las razones para ello y notificará al
querellante su derecho a solicitar reconsideración.  En aquellos casos que decida investigar la
querella deberá en la misma fecha en que tramite la correspondiente notificación
al querellante, así notificarlo a la agencia pública o a la entidad privada
querellada, según fuere el caso, con expresión de los hechos alegados en la
querella y citar la Ley que confiere la
potestad para realizar tal investigación.

 

Artículo 8.-  No obstante lo dispuesto
en esta Ley, el Procurador no investigará aquellas querellas en que a su juicio
determine lo siguiente:

 

(a)
La
querella se refiere a algún asunto fuera del ámbito de su
jurisdicción.

 

(b)
La
querella es frívola o se ha presentado de mala fe.

 

(c)
El
querellante desiste voluntariamente de continuar con el trámite de la querella
presentada.

 

(d)
El
querellante no tiene capacidad para instar la querella.

 

(e)
La
querella está siendo investigada por otra agencia y, a juicio del Procurador,
resulta en una duplicidad de esfuerzo
actuar sobre la misma.

 

En aquellos casos en que la
querella presentada por el paciente, sus padres o tutor, no plantee ninguna
controversia adjudicable o se refiera a algún asunto fuera del ámbito de
jurisdicción de la Oficina, el Procurador, o referirá la misma a la agencia
pertinente y vigilará por su resolución en cumplimiento con lo dispuesto en la
Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente, la Constitución del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico, y cualesquiera otras Leyes aplicables.

 

El Procurador, a iniciativa
propia, podrá realizar las investigaciones que estime pertinente, siempre que a
su juicio existan razones suficientes para llevar a cabo una investigación
conforme lo dispuesto en esta Ley.

 

Artículo
9.-
  Cualquier parte
adversamente afectada por una decisión, determinación, orden o resolución  del Procurador, emitida conforme a las
disposiciones de esta Ley o de cualquier otra Ley bajo su jurisdicción, podrá
solicitar reconsideración y revisión judicial conforme dispone la Ley Núm. 170
de 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida como “Ley de Procedimiento
Administrativo Uniforme del  Estado Libre
Asociado de Puerto Rico”.

 

Artículo 10.- Se ordena al Procurador que
adopte los reglamentos necesarios para el funcionamiento interno de la Oficina y
para la  implantación de las
disposiciones de esta Ley.  Los
procedimientos para la radicación, tramitación e investigación de querellas se
regirán, en todo aquello que sea de aplicación y que no esté dispuesto en esta
Ley, por los reglamentos que a tales efectos se adopten , de conformidad a las
disposiciones de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1998, según enmendada,
conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico”.

 

Artículo 11.- Se faculta al Procurador
para imponer multas administrativas por violación a las disposiciones de esta
Ley, previa notificación y vista, conforme y hasta las cantidades dispuestas en
la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida como “Ley de
Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico”.

 

No obstante, toda persona
que voluntaria y maliciosamente impidiere y obstruyere el ejercicio de las
funciones del Procurador, o del personal de su Oficina, o sometiere información
falsa a sabiendas de su falsedad, incurrirá en delito menos grave y convicta que
fuere será castigada con multa no mayor de cinco mil (5,000)
dólares.

 

Cuando el impedimento u
obstrucción a que se refiere el párrafo anterior se ocasione mediante
intimidación, fuerza o violencia, tal acción constituirá delito grave y convicta
que fuere cualquier persona, estará sujeta a la pena de reclusión por un término
fijo que no excederá de cinco (5) años ni será menor de seis (6) meses y un día,
o pena de multa que no excederá de diez mil (10,000) dólares ni será menor de
cinco mil (5,000) dólares, o ambas penas a discreción del
Tribunal.

 

Artículo 12.-  Se autoriza al Director de la Oficina de
Gerencia y Presupuesto a asignar la cantidad de doscientos mil (200,000)
dólares, con cargo al Fondo Presupuestario, para sufragar los costos iniciales
de la organización y establecimiento de la Oficina del Procurador del Paciente
Beneficiario de la Reforma de Salud, durante el año fiscal 2000-2001.  Se
asigna a la Oficina del Procurador del Paciente Beneficiario de la
Reforma de Salud  la cantidad de
doscientos mil (200,000) dólares, conforme a lo dispuesto en este Artículo.

 

En años subsiguientes los recursos necesarios
para la operación de la Oficina se consignarán en el Presupuesto General de
Gastos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

 

Artículo 13.-  A partir del 1ro de abril de 2005, la
jurisdicción del Procurador se extenderá al universo de todos los pacientes en
Puerto Rico.

 

Artículo 14.- Si algún párrafo, artículo
o parte de esta Ley fuere declarada inconstitucional por un tribunal con
competencia y jurisdicción, quedará en todo vigor y efecto el resto de sus
disposiciones.

 

Artículo 15.-  Esta Ley entrará en vigor inmediatamente
después de su aprobación.

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